Baton Rouge Abogado de accidentes de buques fletados

1. El presente Convenio se aplica a todas las personas empleadas a bordo de cualquier buque, que no sea un buque de guerra, matriculado en un territorio para el que esté en vigor el presente Convenio y que se dedique habitualmente a la navegación marítima.

2. A condición de que cualquier Miembro de la Organización Internacional del Trabajo pueda establecer en su legislación nacional las excepciones que considere necesarias con respecto a:

• (a) personas empleadas a bordo:
  • (i) los buques de las autoridades públicas cuando dichos buques no se dediquen al comercio;
  • (ii) barcos de pesca de bajura;
  • (iii) embarcaciones de menos de veinticinco toneladas de arqueo bruto;
  • (iv) barcos de madera de construcción primitiva, como dhows y juncos;
• (b) personas empleadas a bordo por un empresario distinto del armador;
• (c) las personas empleadas únicamente en los puertos para reparar, limpiar, cargar o descargar buques;
• (d) miembros de la familia del armador;
• (e) pilotos.

1. El armador será responsable con respecto a:

• (a) las enfermedades y lesiones que se produzcan entre la fecha prevista en el convenio para presentarse al servicio y la finalización del contrato;
• (b) la muerte resultante de dicha enfermedad o lesión.

2. No obstante, las legislaciones o normativas nacionales podrán prever excepciones a esta norma en lo que se refiere a:

• (a) lesión sufrida fuera del servicio del buque;
• (b) lesión o enfermedad debida a un acto doloso, incumplimiento o mala conducta del enfermo, lesionado o fallecido;
• (c) enfermedad o dolencia ocultada intencionadamente en el momento de contraer el compromiso.

3. La legislación nacional podrá prever que el armador no será responsable en caso de enfermedad o de muerte directamente imputable a una enfermedad si, en el momento de la contratación, la persona empleada se negó a someterse a un examen médico.

A efectos del presente Convenio, la asistencia médica y el mantenimiento a cargo del armador comprenden:

• (a) tratamiento médico y suministro de medicamentos y aparatos terapéuticos adecuados y suficientes
• (b) alojamiento y comida

1. El armador será responsable de sufragar los gastos de asistencia médica y mantenimiento hasta que el enfermo o lesionado se haya curado, o hasta que la enfermedad o incapacidad haya sido declarada de carácter permanente.

2. No obstante, la legislación nacional podrá limitar la responsabilidad del propietario del buque de sufragar los gastos de asistencia médica y de manutención a un período que no podrá ser inferior a dieciséis semanas a partir del día de la lesión o del comienzo de la enfermedad.

3. No obstante, si en el territorio en el que está matriculado el buque está en vigor un régimen aplicable a los marinos de seguro obligatorio de enfermedad, de seguro obligatorio de accidentes o de indemnización de los trabajadores por accidentes, la legislación nacional podrá preverlo:

• (a) que el propietario del buque dejará de ser responsable con respecto a una persona enferma o lesionada a partir del momento en que dicha persona adquiera derecho a prestaciones médicas en virtud del régimen de seguro o de indemnización;
• (b) que el armador dejará de estar obligado, a partir del momento fijado por la ley, a la concesión de las prestaciones médicas del régimen de seguro o de indemnización a los beneficiarios de dichos regímenes, incluso cuando el enfermo o el lesionado no estén cubiertos por el régimen en cuestión, a menos que estén excluidos del régimen en virtud de cualquier restricción que afecte especialmente a los trabajadores extranjeros o no residentes en el territorio en el que esté matriculado el buque.

1. Cuando la enfermedad o lesión provoque una incapacidad laboral, el armador será responsable:

• (a) pagar el salario íntegro mientras la persona enferma o accidentada permanezca a bordo;
• (b) si la persona enferma o herida tiene personas a su cargo, a pagarle el salario, en todo o en parte, según lo prescrito por la legislación nacional, desde el momento en que sea desembarcada hasta que se haya curado o la enfermedad o incapacidad haya sido declarada de carácter permanente.

2. No obstante, la legislación nacional podrá limitar la responsabilidad del armador en cuanto al pago total o parcial de los salarios de las personas que hayan dejado de estar a bordo a un período que no podrá ser inferior a dieciséis semanas a partir del día de la lesión o del comienzo de la enfermedad.

3. No obstante, si en el territorio en el que está matriculado el buque está en vigor un régimen aplicable a los marinos de seguro obligatorio de enfermedad, de seguro obligatorio de accidentes o de indemnización de los trabajadores por accidentes, la legislación nacional podrá preverlo:

• (a) que el propietario del buque dejará de ser responsable con respecto a una persona enferma o lesionada a partir del momento en que dicha persona adquiera derecho a prestaciones económicas en virtud del régimen de seguro o indemnización
• (b) que el armador dejará de estar obligado, a partir del momento fijado por la ley, a la concesión de las prestaciones en metálico del régimen de seguro o de indemnización a los beneficiarios de dichos regímenes, incluso cuando el enfermo o el lesionado no estén cubiertos por el régimen en cuestión, a menos que estén excluidos del régimen en virtud de cualquier restricción que afecte especialmente a los trabajadores extranjeros o no residentes en el territorio en el que esté matriculado el buque.

1. El armador será responsable de sufragar los gastos de repatriación de toda persona enferma o herida que sea desembarcada durante el viaje como consecuencia de una enfermedad o lesión.

2. El puerto al que debe ser devuelta la persona enferma o herida será: a) el puerto en el que estaba contratada; o b) el puerto en el que se encontraba.

• (b) el puerto en el que comenzó el viaje; o
• (c) un puerto de su propio país o del país al que pertenezca; o
• (d) otro puerto acordado por él y el capitán o armador, con la aprobación de la autoridad competente.

3. Los gastos de repatriación incluirán todos los gastos de transporte, alojamiento y manutención del enfermo o herido durante el viaje y su manutención hasta la hora fijada para su partida.

4. Si la persona enferma o herida está en condiciones de trabajar, el armador podrá liberarse de su obligación de repatriarla proporcionándole un empleo adecuado a bordo de un buque que se dirija a uno de los destinos mencionados en el apartado 2 del presente artículo.

1. El armador estará obligado a sufragar los gastos de sepelio en caso de muerte ocurrida a bordo, o en caso de muerte ocurrida en tierra si en el momento de su muerte la persona fallecida tenía derecho a cuidados médicos y manutención a cargo del armador.

2. La legislación nacional podrá prever que los gastos de sepelio pagados por el armador sean reembolsados por una institución de seguros en los casos en que, en virtud de la legislación relativa a la seguridad social o a la indemnización por accidentes del trabajo, deba pagarse una prestación por gastos de sepelio a la persona fallecida.

La legislación nacional exigirá que el armador o su representante adopten medidas para salvaguardar los bienes dejados a bordo por las personas enfermas, heridas o fallecidas a las que se aplique el presente Convenio.

La legislación nacional deberá prever disposiciones que garanticen la solución rápida y poco costosa de los litigios relativos a la responsabilidad del propietario del buque en virtud del presente Convenio.

El propietario del buque podrá quedar exento de responsabilidad en virtud de los artículos 4, 6 y 7 del presente Convenio en la medida en que dicha responsabilidad sea asumida por las autoridades públicas.

El presente Convenio y la legislación nacional relativa a las prestaciones previstas en el mismo deberán interpretarse y aplicarse de manera que garanticen la igualdad de trato a toda la gente de mar, sin distinción de nacionalidad, domicilio o raza.

Ninguna disposición del presente Convenio afectará a ninguna ley, laudo, costumbre o acuerdo entre armadores y gente de mar que garantice condiciones más favorables que las previstas en el presente Convenio.

1. Por lo que respecta a los territorios a que se refiere el artículo 35 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, todo Miembro de la Organización que ratifique el presente Convenio deberá adjuntar a su ratificación una declaración en la que haga constar:

• (a) los territorios respecto de los cuales se compromete a aplicar sin modificación las disposiciones del Convenio;
• (b) los territorios respecto de los cuales se compromete a aplicar las disposiciones del Convenio a reserva de modificaciones, junto con los detalles de dichas modificaciones;
• (c) los territorios respecto de los cuales el Convenio es inaplicable y, en tales casos, los motivos por los que es inaplicable;
• (d) los territorios sobre los que se reserva su decisión.

2. Los compromisos mencionados en las letras a) y b) del apartado 1 del presente artículo se considerarán parte integrante de la ratificación y tendrán fuerza de ratificación.

3. Todo Miembro podrá, mediante una declaración ulterior, anular total o parcialmente las reservas formuladas en su declaración inicial en virtud de los apartados b), c) o d) del párrafo 1 del presente artículo.

Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.

1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director General.

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que se hayan registrado las ratificaciones de dos Miembros ante el Director General.

3. En lo sucesivo, el presente Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, doce meses después de la fecha de registro de sus ratificaciones.

Tan pronto como hayan sido registradas las ratificaciones de dos Miembros de la Organización Internacional del Trabajo, el Director General de la Oficina Internacional del Trabajo lo notificará a todos los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo. Asimismo les notificará el registro de las ratificaciones que puedan comunicar ulteriormente otros Miembros de la Organización.

1. Todo Miembro que haya ratificado el presente Convenio podrá denunciarlo a la expiración de un período de diez años, a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. Dicha denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que haya sido registrada.

2. Todo Miembro que haya ratificado el presente Convenio y que, en el plazo de un año después de la expiración del período de diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez años, y en lo sucesivo podrá denunciar el presente Convenio a la expiración de cada período de diez años, en las condiciones previstas en este artículo.

1. Si la Conferencia adopta un nuevo Convenio que revise total o parcialmente el presente Convenio, entonces, salvo que el nuevo Convenio disponga otra cosa:

• (a) la ratificación por un Miembro del nuevo Convenio revisor implicará, ipso jure, la denuncia inmediata del presente Convenio, no obstante lo dispuesto en el artículo 17 supra, siempre y cuando el nuevo Convenio revisor haya entrado en vigor;
• (b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente Convenio dejará de estar abierto a la ratificación por los Miembros.

2. En cualquier caso, el presente Convenio permanecerá en vigor en su forma y contenido actuales para aquellos Miembros que lo hayan ratificado pero que no hayan ratificado el Convenio revisor.

Los textos francés e inglés del presente Convenio son auténticos.